Congreso tercerizado, por Indira Huilca
El trabajo digno es escaso en el Perú. El trabajo como fuente de riqueza, bienestar e identidad es un espejismo ante una realidad de precariedad e inestabilidad, cuando no directamente de inseguridad y abusos. Esto suele asociarse a la informalidad, pero es transversal a todo tipo de empleo y resultado directo de la legislación antilaboral que por décadas han consolidado los grandes grupos económicos y sus brazos legales, con el favor de gobiernos proempresarios.
Además de dedicarse a hostigar sindicatos y a defender regímenes laborales que avalan el abuso, esta tríada de rentistas, abogados y políticos se niega a cualquier tipo de regulación, pese a la evidencia de las injusticias económicas y sociales que genera su falta.
Y no solo por las prácticas anticompetitivas que afectan a los consumidores en el dizque “libre mercado”, sino también por sus efectos en el mundo del trabajo, donde se consagra una formalidad con salarios y beneficios recortados: el empleo que es bueno porque “peor es nada”.
El tristemente célebre service no es el único caso de empleo formal pero precario. Otra modalidad de empleo formal “sin compromiso” se ha asentado en la tercerización de servicios, cuyo marco legal está hoy en disputa en el Congreso, donde se busca derogar el DS 001-2022-TR, que establece que las empresas no deben tercerizar sus actividades esenciales, sino solo las que requieren especialización.
Las congresistas Norma Yarrow y Patricia Chirinos han presentado los proyectos de derogatoria usando los argumentos de los mismos estudios de abogados que defienden leyes antilaborales (ley Chlimper, ley pulpín, etc.), hacen “planificación tributaria” y representan legalmente a las empresas contra trabajadores y sindicatos. Y en la Comisión de Economía han recibido el apoyo de todas las bancadas, incluidas las “del pueblo” (Perú Libre y Bloque Magisterial).
Con la tercerización, una empresa contrata los servicios de otra que cuenta con personal, equipos y capacidades que se integran a los procesos de la primera, pero sin generar dependencia laboral. Lo que debió servir para mejoras de productividad, especialización e innovación, ha sido en la práctica más útil para asegurar la distancia entre la fuerza laboral y las grandes empresas, por ejemplo, en sectores como minería y telecomunicaciones, no solo al liberarlas de “sobrecostos” (planilla, beneficios, CTS, gratificaciones, pensiones), sino también al diluir su rol en cuanto a relaciones laborales y condiciones de trabajo.
Frente a ello, la regulación busca corregir situaciones como encadenamientos de servicios con sueldos diferentes para quienes desempeñan la misma actividad y comparten el lugar de trabajo, lo que atenta contra derechos económicos fundamentales.
Ahora las empresas que tercerizan deben sincerar la magnitud de la mano de obra que requieren, además del servicio por el cual realmente son responsables ante sus usuarios (según la Coordinadora Sindical de Telefónicos, Telefónica terceriza el grueso de la instalación, reparación y mantenimiento de redes).
Otro objetivo es que estas empresas no se desentiendan de estándares de seguridad y protección (en minería, 49% de las muertes en accidentes laborales 2008-2020 se reportaron en empresas contratistas). Aunque mínimo y opacado por sus injustificables desaciertos, el Ejecutivo dio con el DS 001-2022 un paso hacia mejores condiciones de empleo.
El Congreso ha sido “tercerizado” para representar a los poderes económicos y darle la espalda a las y los trabajadores. El empleo digno con derechos (no solo “formal”, como les gusta decir) no es posible sin regular figuras como la tercerización, que de otro modo son puertas abiertas al abuso.
