Freddy Díaz: ¿cómo debería proceder el Congreso tras denuncia de violación?

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Una trabajadora del Congreso de la República denunció ser víctima de violación sexual por parte del parlamentario Freddy Díaz Monago. Según su testimonio, la agresión ocurrió durante la madrugada del miércoles 27 de julio. La denunciante indicó que se encontraba con el congresista en una oficina ubicada en el jirón Azángaro, Cercado de Lima. Al despertar, la mujer relata que se hallaba mareada y adolorida, por lo que fue auxiliada por un amigo suyo.

Luego de la denuncia, el congresista de Alianza para el Progreso (APP) no se presentó este 28 de julio al hemiciclo para presenciar el mensaje a la nación del presidente Pedro Castillo. En esa línea, Lady Camones, la nueva presidenta del Legislativo, declaró a RPP que Díaz Monago se encuentra como no habido.

El abogado constitucionalista parlamentario César Delgado Guembes indica que existen dos vías para proceder en el caso de Freddy Ronald Díaz Monago: una denuncia en el Ministerio Público y la acción de la Comisión de Ética.

En cuanto a la Comisión de Ética esta, por sí misma, no puede emitir una sanción directamente, pues solo podrían aplicar una amonestación —es decir, solo un llamado de atención—. “En este caso, tendría que terminar probablemente en una suspensión del congresista, que puede ser por un máximo de 120 días de legislatura, pero la decisión no la puede tomar solo la Comisión de Ética. (El procedimiento es que) esta recomienda al Pleno que lo suspendan, y el Pleno es que debe aprobar esa suspensión por el número de días determinado”, explica Delgado.

Para el caso del Ministerio Público como ya no hay necesidad del levantamiento de la inmunidad de arresto ni de proceso, este podría hacerse cargo de la denuncia contra Freddy Díaz, pero hay dos posibles escenarios: que continúe trabajando en el Parlamento o que sea desaforado, pero ello dependerá de la sentencia que se emita.

“Puede ser que sea una sentencia condenatoria con privación de la libertad suspendida o con la privación de la libertad efectiva. Si es suspendida, el congresista puede seguir trabajando en el Congreso a pesar de ser condenado por cometer un delito penal, salvo que en la sentencia además se incluya la inhabilitación por un número de años determinado, es la única razón por la cual él no podría permanecer, o si es que hay sentencia condenatoria con la privación de la libertad efectiva. En esos casos, debe dejar el Congreso y lo reemplaza el siguiente parlamentario en la lista”, detalla.

Cabe precisar que la Comisión de Ética anunció que sesionará, de manera extraordinaria, este martes 2 de agosto y tendrá como único punto la denuncia de violación. “Ante los gravísimos hechos denunciados por parte de una trabajadora del Parlamento en contra del congresista Freddy Díaz Monago, la comisión sesionará de manera extraordinaria este martes, teniendo como único punto en agenda el mencionado tema”, publicaron en su cuenta de Twitter.

En tanto, el Ministerio Público también manifestó que intervino la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y derivó el caso a la 2.° Fiscalía Suprema Penal.

Freddy Ronald Díaz Monago fue elegido como legislador para el periodo 2021-2026 en las elecciones generales del 2021 con el partido Alianza para el Progreso (APP) en las que obtuvo 4.195 votos como representante de la región Pasco.

Estudió en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, donde egresó como ingeniero zootecnista. También obtuvo el grado de bachiller en Administración en la Universidad Continental. Sus estudios de postgrado los realizó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en el área de Gestión Pública.

Desde el 2014 hasta el 2021, trabajó en el Gobierno Regional de Pasco y en la Municipalidad Provincial de Oxapampa. Fundó el partido Pasco Verde y ejerció como secretario regional de organización del 2013 al 2017.

Cabe resaltar que Díaz Monago fue elegido, a fines de junio, para presidir la Comisión que elegirá al próximo defensor del Pueblo, en reemplazo de la interina, Eliana Revollar. También lidera la Comisión de Presupuesto luego de que el legislador Héctor Acuña renunciara a APP.

Luego de que la denuncia se hizo pública, APP emitió un comunicado en el que anunció la expulsión de presunto violador de dicho grupo parlamentario, del cual fue vocero alterno en la legislatura pasada.

La Segunda Fiscalía Suprema Penal dispuso iniciar las diligencias preliminares en contra del congresista Freddy Díaz por la presunta comisión del delito de violación sexual en la “modalidad de violación de persona en estado de inconsciencia o en imposibilidad de resistir”.

César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, se pronunció sobre la denuncia de violación hacia Freddy Díaz. “Los graves hechos protagonizados por Freddy Díaz Monago no solo han significado la expulsión del partido, sino la denuncia de nuestra bancada de Alianza para el Progreso ante Ética para solicitar inmediato desafuero. Ratificamos nuestro compromiso de tolerancia cero con cualquier tipo de delito”, escribió Acuña Peralta en su cuenta oficial de Twitter.

A la denuncia contra el congresista Freddy Díaz Monago se sumó el jueves 28 de julio un nuevo caso de presunto abuso sexual, cometido esta vez por un servidor del Parlamento. Se trata de Rafael Eduardo Franco Moreno, asesor de la parlamentaria Katy Ugarte Mamani (Bancada Magisterial), la misma que condenó el hecho a través de un comunicado.

Franco Moreno laboraba como asesor II del despacho de la parlamentaria. Luego de ser interrogado en la comisaría de Jesús María, el exasesor parlamentario fue trasladado al tercer despacho de la Tercera Fiscalía Corporativa Especializada.

Según la Ley 31118, que modificó el artículo 93 de la Constitución Política, en el gobierno del presidente Francisco Sagasti, los congresistas, los magistrados del Tribunal Constitucional y el defensor del Pueblo ya no gozan de inmunidad de procesamiento ante delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Dicha norma estableció que estos casos será asumidos por la Corte Suprema de Justicia y con la Segunda Fiscalía Suprema Penal. Para delitos cometidos antes de asumir el cargo, es competente un juez penal ordinario y un fiscal provincial.

Con esta modificación, tampoco se requiere permiso del Congreso para que en caso la fiscalía lo solicite, un juez ordene detener a un congresista.

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Actualizado por Camila Vera.

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