Si los primeros doce meses de gobierno de Pedro Castillo estuvieron enmarañados por irregularidades, silencios y presuntos vínculos con la corrupción en medio de una confrontación constante con un Congreso que pide su vacancia, el segundo año del profesor en Palacio podría ser aún más difícil si él no empieza a cumplir las promesas que hizo a lo largo de la primera etapa de su mandato.

Cuando cumplió cien días de gobierno, Castillo resaltó como logros el avance de la vacunación contra la COVID-19 y las medidas tomadas como consecuencia de la declaración de emergencia de la educación y la descentralización. Sin embargo, estas banderas fueron abandonadas pocos meses después, con brechas y más conflictos sociales.

Uno de los aspectos centrales del gobierno de Pedro Castillo es la organización de reuniones descentralizadas. De hecho, fue una propuesta que mencionó como positiva en su balance de cien días de Gobierno. Pero lejos de mejorar la comunicación con las regiones, los encuentros no tuvieron mayor impacto inmediato, solo promesas.

Así, se tuvieron 19 consejos descentralizados. Pese a ello, el diálogo con los gobernadores regionales no ha sido fructífero. En junio, 20 gobernadores regionales acudieron a Palacio para manifestar su malestar con el incumplimiento de los compromisos asumidos.

“En Moquegua, por ejemplo, se prometió destrabar una carretera y ahora ya no va. Han anunciado que la cartera Moquegua-Omate-Arequipa ya no va porque ya habían pedido tres adicionales y habrían sobrepasado los porcentajes que se establecen de acuerdo a la norma. Se hablaba mucho de que era uno de los proyectos a desbloquear por su importancia”, cuestionó en ese evento Zenón Cueva, gobernador de Moquegua.

La segunda reforma agraria se convirtió en otra bandera de los consejos. No obstante, un año después, la ‘reforma’ no cuenta con presupuesto ni especialistas y menos aún diálogo constante con las regiones por los cambios de ministros (cinco estuvieron en la cartera de Agricultura). A ello se suma el problema de los fertilizantes y la falta de prevención del Ejecutivo, en el que hubo irregularidades en el proceso de compra que acabó en la anulación de esta.

En tanto, la masificación del gas aún es una tarea pendiente. Si bien se presentó el PL, el Parlamento ha realizado modificaciones que afectan a un grupo de regiones que no ha sido incluida. Así, Tumbes, Áncash, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Arequipa, Moquegua, Ica y Tacna no saldrían beneficiadas. La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) advirtió que se desvirtúa la iniciativa.

El Perú fue el país que lideró la mayor tasa de mortalidad por coronavirus a nivel mundial. El proceso de vacunación fue uno de los retos que debía continuar Castillo. Y si bien para los cien días de su gestión el mandatario logró alcanzar el 60% de inmunizados, una cifra que incrementó a 80% para finales del 2021, después de ello el avance de la inmunización se ha ralentizado, tanto que aún existen tres millones de peruanos sin ninguna dosis.

A ello se suman las brechas de vacunación en tercera dosis, mientras el Minsa incluye a más grupos etarios para la segunda dosis de refuerzo.

Esas dificultades se reforzaron con los cambios ministeriales. El Minsa comenzó a enfrentar una desaceleración tras la salida de Hernando Cevallos, el primer ministro de esta cartera en la era Castillo. El panorama no cambió con el ingreso de Hernán Condori, cuestionado por promocionar agua arracimada, un producto calificado de pseudociencia. Semanas después fue censurado por el Congreso.

Finalmente, ingresó Jorge López, quien hasta el día de hoy no brinda entrevistas a la prensa. Al igual que el presidente, se refugia en el silencio.

Otra de las promesas del mandatario fue la creación de un sistema único de salud, a fin de propiciar la atención oportuna. Sin embargo, dicho propósito fue abandonado, pues no se llegó a presentar el proyecto para su planificación. Lo único vinculado a esa materia es la Política General del Gobierno 2021-2026, en la que se trata de enfatizar esa propuesta.

El Ejecutivo también dejó de lado una serie de necesidades urgentes para la salud. En informes anteriores, LR Data reveló la desatención de ciertas enfermedades y condiciones, cuya desidia provenía de décadas atrás y el Gobierno actual no fue la excepción. Por ejemplo, el presupuesto de este año se redujo en 30% para las enfermedades metaxénicas como el dengue y en un 15% para la salud mental.

También se vieron afectados programas destinados para el VIH, la salud materna neonatal, entre otros.

Castillo anunció además que su gestión promovería la educación bilingüe en el Perú. Sin embargo, su ministro de Educación, Rosendo Serna, sostuvo que recategorizar o reducir el número de colegios de educación intercultural bilingüe (EIB) es la solución para cubrir las más de 25.000 plazas requeridas de docentes especialistas.

A inicios de año, la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural (Digeibira) emitió un oficio en el que solicitaba a todas las Direcciones Regionales de Educación (DRE) quitarles a los colegios la categoría IEB para “facilitar la contratación oportuna de docentes” que no hablen una lengua originaria.

La Defensoría y asociaciones de comunidades indígenas se manifestaron en contra del documento. Tras ello, el Minedu dio marcha atrás. Pero aún existen otros problemas latentes, como la reducción del presupuesto destinado para el 2022, que es el menor de los últimos seis años. El monto disminuyó cada año y con el presidente Castillo aún más.

Otra medida pendiente de cumplir es el retorno seguro a las escuelas. En las últimas semanas, y producto de la cuarta ola de la COVID-19, los casos ascendieron de manera sostenida en la edad escolar. Pero aún no se han actualizado las medidas para frenarlas, tampoco se ha autorizado la inmunización en las instituciones.

Desde su asunción, Castillo enfatizó su lucha contra la corrupción y propuso una ley para que las personas acusadas por esta modalidad no puedan ejercer cargos públicos. Sin embargo, el proyecto se presentó, pero los intereses del mandatario han cambiado con la revelación de sus presuntos actos ilícitos.

Antes de culminar el 2021, el Ejecutivo entregó nueve proyectos de ley ante el Congreso de la República. Uno de ellos fue el PL 0067/2021-PE, el cual planteaba prohibiciones de incompatibilidades en el sector público y privado. En otras palabras, establece que personas vinculadas con la corrupción no ejerzan un puesto laboral. La norma ha sido reenviada al Ejecutivo tras pasar por modificaciones en el Congreso.

En junio, el mandatario envió otro PL sobre la modificación del antejuicio y juicio político. El PL quedó en la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Así como este, más de una veintena de proyectos del Ejecutivo se archivaron.

Ahora, en el segundo año de gobierno que Pedro Castillo empezó ayer, a las cinco investigaciones fiscales planteadas en su contra se le va a sumar la inminente presión social para que cumpla con sus compromisos asumidos. En ese escenario, sus reiteradas modificaciones ministeriales, la falta de transparencia, la carente gestión pública y los presuntos vínculos de corrupción podrían impedir aún más su avance.

En Cajamarca, el Ejecutivo ofreció la llegada urgente de fertilizantes, mejorar el Hospital de Celendín, dar 9,6 millones de soles para las comisarías de Chota, San Marcos y Yauyucan, atender el reclamo del personal con CAS-Covid.

En Áncash, convertir 44 mil plazas de empleo eventuales en plazas orgánicas, dar tres ambulancias al hospital de Caraz, construir un hospital y un Centro de Adulto Mayor en Caraz, entregar urea en la segunda semana de agosto, equipar el aeropuerto de Anta para que funcione en las noches.

En Huancavelica, construir un aeropuerto, instalar redes de electricidad en los pueblos sin luz.

En el Vraem, priorizar la carretera Quinua-San Francisco, crear la Universidad del Vraem, construir el hospital de Pampas.

En Junín, que Qali Warma compre a agricultores locales y que el Estado asuma el costo de fallecidos en sus conflictos sociales.

Enfoque: por Jean Paul Benavente, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR)

Los Consejos de Ministros Descentralizados no han sido suficientes porque solamente significan en agendas, en compromisos, pero no en cómo resolver y cumplir esos compromisos, lo que para nosotros es la principal preocupación. Y el compromiso urgente es reactivar la economía y el agro a nivel nacional.

Es complicado trabajar con el presidente Castillo. Se hacen acuerdos con él y muchas veces no los cumple. Nos dice que nos reunimos la próxima semana para cumplir todos estos elementos y simplemente prefiere irse a otro lado y dejarnos plantados.

Así no se puede hallar salidas porque hay que asumir que todos somos corresponsables en la solución de los problemas del país, pero para eso debemos cumplir mínimamente los acuerdos para reunirnos y generar acciones inmediatas que requiere el país.

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