Cuesta creer que ese mismo Congreso que ha reiterado su voluntad de eliminar la Sunedu, y que lo ha hecho en representación de intereses por demás particulares, ahora iba a querer consensuar algunas reformas políticas electorales pensando en el bien común.
No sorprende que sus primeras referencias respecto a la reforma política han sido la voluntad de intervenir en los órganos autónomos encargados del sistema electoral. Ya se habían puesto este propósito desde cuando reclamaban por el fraude inexistente, en abril del 2021. Ahora, con mayor empoderamiento tras el golpe fallido de Pedro Castillo, vuelven a la carga para ganar algo en medio de la convulsión social.
La autonomía plena de los organismos electorales que es fundamental para garantizar un proceso electoral transparente y que está expresamente incluida en la Constitución del 93 –precisamente esa que dicen defender a capa y espada– es letra muerta cuando de lo que se trata es de ir ganando terreno en la consolidación del plan que puede dar a sus candidatos como ganadores del 2024.
Puro cálculo político es el que parece guiar esta priorización de las reformas políticas, tan sesgada. O la designación del contralor, propuesta que corresponde al Ejecutivo y que ahora pretende realizar el Congreso. El otro tema de agenda es la bicameralidad, que merece otro tipo de debate que no sea orientado por “lo que me interesa”, es decir, buscando la reelección encubierta. Se necesita del desprendimiento para componer una iniciativa que recoja la necesidad de la población, en especial de quienes habitan en las zonas más alejadas y con más necesidades, de sentirse más representada e incluida en la toma de decisiones.
Hay otro conjunto de reformas destinadas a impedir que se mantenga la inestabilidad de los últimos cinco años, en los que han gobernado seis presidentes. La aplicación de la incapacidad moral permanente a los mandatarios y la cuestión de confianza dirigida al Congreso, por ejemplo. Es urgente definir el ámbito y precisar y actualizar los criterios para que no sirva como arma arrojadiza entre ambos poderes, como ha ocurrido hasta hace menos de un mes.
También se deben ajustar mecanismos de promoción de la democracia interna de los partidos, como la elección primaria, el voto preferencial, la renovación por tercios, entre algunos de los más requeridos. La agenda política de enero debe promover un debate ciudadano sobre los requerimientos de la hora actual para dar las mayores garantías de idoneidad, transparencia y con reglas de juego claras y consensuadas, que garanticen un proceso electoral óptimo el 2024.