La ONU condena el empleo de «fuerza letal» por el gobierno peruano en protestas pacíficas

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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha lanzado un contundente informe que denuncia el uso de «fuerza letal» por parte del Gobierno de Perú durante las protestas pacíficas que se llevaron a cabo entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. En el documento de 54 páginas, se confirman las violaciones a los derechos humanos, arrojando luz sobre eventos que dejaron 67 personas fallecidas y miles de heridos.

Según el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la mayoría de las protestas transcurrieron de manera pacífica, aunque algunos individuos participaron en actos de violencia.

Sin embargo, las fuerzas del orden utilizaron una fuerza excesiva, incluida la fuerza letal con armas de fuego, fuera de las circunstancias permitidas por las normas internacionales de derechos humanos. La ONU calificó este accionar como una «privación arbitraria de la vida», dejando claro que las acciones del Gobierno equivalen a violaciones graves de los derechos fundamentales.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, defendió la posición del Gobierno ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), argumentando que las protestas fueron alimentadas por grupos extremistas y se convirtieron en un escenario de violencia generalizada.

Sin embargo, la ONU ha instado al Estado peruano a garantizar que no se utilicen armas de fuego en el contexto del control de multitudes durante las protestas sociales.

Además, el informe resalta la necesidad de abordar de manera efectiva los estereotipos discriminatorios o racistas que fueron empleados contra los manifestantes. La ONU ha instado al Gobierno peruano a tomar medidas concretas para eliminar estos prejuicios y promover un ambiente de igualdad y respeto en futuras protestas.

La condena de la ONU respecto al uso de «fuerza letal» por el Gobierno de Perú durante las protestas pacíficas subraya la importancia de respetar los derechos humanos y garantizar la seguridad de los ciudadanos en situaciones de manifestaciones públicas.

Las recomendaciones hechas por la ONU plantean un llamado urgente a la reflexión y acción por parte del Estado peruano para asegurar que futuras protestas se desarrollen de manera pacífica y respetuosa, protegiendo así los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

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