A raíz de un fallo en última instancia del Poder Judicial, emitido a mediados de enero de 2023, Telefónica del Perú informó que cumplirá con el pago de S/1.361 millones 673.962 a la Sunat.
Dicha controversia se arrastra desde hace más de dos décadas por la declaración del Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales del 2000 y 2001, y según la empresa de telecomunicaciones, las demoras se dieron por razones que no se les pueden atribuir. Agregaron que el 80% del monto en disputa se compone de intereses y multas “fuera de los plazos establecidos por la ley”.
La información se dio a conocer a través de un hecho de importancia en la Superintendencia del Mercado de Valores, en donde precisaron también que Telefónica del Perú solicitará un fraccionamiento de otras deudas ante la Sunat, de acuerdo con el Código Tributario.
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Asimismo, el directorio de la empresa aprobó nuevos financiamientos de S/1.700 millones para que el otorgamiento de cartas fianzas a favor de la Sunat para el eventual fraccionamiento y aplazamiento de la deuda tributaria exigible así como para pagar cualquier monto.
También se autorizó financiamientos bancarios hasta por S/1.200 millones y a emitir y suscribir los pagarés y acuerdos que sean requeridos para dichas operaciones.
A criterio de Telefónica del Perú, siempre han pagado impuestos y mantenido un historial de cumplimiento en sus 30 años de operación en el mercado peruano, al punto que contribuyeron con más de S/11.000 millones en pagos del IR y otras aportaciones; y acotaron que al concluirse este capítulo, continuarán desplegando infraestructura para la conectividad y prestación de sus servicios.
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La historia sin fin
Los S/1.361 millones que honrará la empresa multinacional de capitales españoles responde solo a una parte del monto que se discute en otras instancias tributarias y judiciales con el Estado peruano. Según data recogida por Ojo Público, la deuda total de Telefónica del Perú asciende a S/4.975 millones 284.610 a febrero del 2024.
La firma indicó que la controversia con Sunat se creó “por ingresos que nunca percibieron en 1998, 2000 y 2001, y que años después, en una labor fiscalizadora, el ente recaudador objetó deducciones de gastos y tuvieron que aceptar y pagar una parte de estas.
A la fecha, Telefónica SA –el principal accionista de la compañía– mantiene desde marzo de 2021 un arbitraje en el CIADI con el Estado peruano.
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Bloqueo masivo desde el 22 de abril
La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) precisó que el 22 de abril los celulares no registrados en la lista blanca de Osiptel serán bloqueados y perderán su servicio.
Esta medida se toma porque cerca del 80% de la importación de teléfonos móviles en el país no es realizada por las empresas operadoras: algunos ingresan por la Amazonía aprovechándose del régimen tributario de la región y por el problema de contrabando de smartphones que se lastra.
Dato
23,8% del total de los principales deudores del Estado corresponde a Telefónica del Perú.
